Las fallas del sistema penitenciario en México

El 07 de diciembre el INEGI publicó los resultados del segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, a cinco años de su primer levantamiento. El tamaño de la muestra fue de 67, 584 personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común o federal que se encuentran en 203 centros penitenciarios estatales y federales.

De acuerdo con la ENPOL 2021, la población privada de la libertad durante 2021 fue de 220 mil personas, de las cuales 94% son hombres y 6% mujeres. Sin embargo, las brechas de género son grandes, como se observa en la siguiente tabla:

Esta distinción es importante por la desproporcionalidad de las penas que se imponen a hombres y mujeres. Por ejemplo, durante 2020, en el ámbito federal, el principal delito que cometieron mujeres privadas de la libertad fue secuestro (3, 330) que amerita una sanción penal de 40 a 80 años de cárcel; en contraste, el mayor delito que cometieron los hombres fue homicidio (49, 463)¹ que se castiga con 12 o 24 años de prisión.² Más allá de los datos, no se toma en cuenta las condiciones de vida en los centros penitenciarios, especialmente que las mujeres viven con sus hijos hasta que cumplen tres años.

Otro dato importante que arroja la ENPOL 2021, refiere el uso de la fuerza durante la detención. A nivel nacional, al 61.4% de los hombres le aplicaron fuerza física para someterlos, mientras que a 31.5% de las mujeres las amenazaron con un arma. Sin embargo, destaca que las mujeres mayores de 18 años privadas de la libertad han sufrido mayor violencia psicológica por parte de los Ministerios Públicos:

• 55.3% fue incomunicada o aislada

• 50.5% fue insultada

• 39.9% fue amenazada con levantarle cargos falsos

• 28.4% fue amenazada con hacerle daño a su familia

• 23.1% fue amenazada con matarla

A lo anterior se agrega que 1 de cada 6 mujeres fue víctima de una agresión sexual por parte de la policía o autoridad después de la detención; asimismo, 1 de cada 20 fue violada por la autoridad que la detuvo.

Estos datos reflejan el abuso que ejercen las autoridades, que no respetan los derechos humanos. Aunque este último aspecto sea tema de debate, se debe observar que el sistema de justicia tiene muchas fallas, al grado de que no se sabe qué porcentaje de la población que se encuentra en los centros penitenciarios realmente son inocentes. Para ello, se sugiere ver el documental “Duda razonable” que se encuentra en Netflix.

En cuanto a la vida intracarcelaria, se destaca que 37.9% de las mujeres privadas de la libertad que realizan alguna actividad laboral obtuvo el beneficio no monetario de cartas de buena conducta. Mientras que 33.2% de los hombres obtuvieron comida. Con respecto a las actividades educativas que ofrece el centro penitenciario, 20.3% de hombres no están inscritos por falta de tiempo, en tanto las mujeres no cuentan con todos los documentos para registrarse; asimismo, la mayoría de las mujeres y hombres declararon haber sido víctimas de discriminación por parte de los internos debido al tipo de delito cometido.

Otro aspecto fundamental y poco explorado es la corrupción en centros penitenciarios por parte de los custodios. Durante 2021, 59.9% hombres pagaron por el pase de lista, 46.5% para tener aparatos eléctricos y 34.4% para evitar cambiar de celda. Por su parte, las mujeres pagaron, en su mayoría, para recibir medicamentos (32.8%), tener aparatos electrónicos (37.3%) y tener agua potable (27.0%). La población privada de la libertad no denuncio estos actos, porque son considerados una práctica común, además del temor a las represalias que puedan ejercer.

Las cifras muestran que el sistema penitencio en México está rebasado. Su capacidad institucional es insuficiente para alojar a la población y para resolver su situación jurídica, no respeta los derechos humanos y no logra reinsertar a su población a la sociedad. Aunque la ENPOL muestra un diagnóstico fundamental del sistema penitenciario, cada encuestado tiene una historia y los costos sociales por estar en prisión se extienden a sus familias.

¹ Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2021.

² Código Penal Federal.

Liliana Agustín Sánchez

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos siete años ha colaborado con diversas organizaciones Civiles, entre ellas: Movimiento Unido por la Infancia y Efecto Valores y el Ateneo Nacional de la Juventud. Se considera estudiosa de los temas de prevención social de la violencia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, política de drogas y seguridad pública. Actualmente se desempeña como Directora del Observatorio Juvenil de la Ciudad de México.