Chile, como la mayoría de los países de la región, ha experimentado cambios sociopolíticos e institucionales que tensionan cada vez más la relación sociedad civil-Estado. En efecto, estas tensiones han tenido canales de expresión a través de la implementación de diversos dispositivos desde el año 2009 (en el caso Chileno), que se complementan luego con la incorporación del país a la Alianza para el Gobierno Abierto el año 2011.

Importantes medidas, tanto orgánicas como legales, han surgido dentro de la región en las últimas décadas, que constituyen la respuesta del Estado a las tendencias que provienen de la sociedad civil: Las Leyes de Acceso a la Información Pública y Transparencia, de Participación, de Formación Ciudadana, del Lobby, Probidad, entre otras, contribuyendo a fortalecer el sistema democrático, con una ciudadanía más activa y unas autoridades de instituciones públicas con más exigencias en cuanto a su rol como servidores a disposición de la comunidad.

De esa manera se dio paso a la responsabilidad de los que están en el poder, La justificación de sus acciones ante la sociedad y la mejora de los mecanismos de control son factores que contribuyen a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Bajo este contexto, cabe destacar una de las iniciativas más importantes que se han impulsado a nivel internacional: la Alianza Para el Gobierno Abierto (AGA) o también denominada OGP, por sus siglas del inglés (Open Government Partnership), celebrada en septiembre de 2011. Comenzó a nivel mundial como un esfuerzo global para expandir la frontera para mejorar el desempeño y la calidad del gobierno y hoy tiene 75 miembros, 16 de los cuales son de América Latina y el Caribe.

Esta alianza tiene como objetivo propiciar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate público y en la toma de decisiones, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. En todos los países asociados, el gobierno y la sociedad civil están trabajando juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas relacionadas con el gobierno abierto. La AGA tiene la intención de apoyar a los reformadores del gobierno y de la sociedad civil para elevar el gobierno abierto a los más altos niveles de discurso político, proporcionar refugio para reformas difíciles y crear una comunidad de prácticas de reformadores en el campo en todo el mundo.

La AGA tiene cuatro principios fundamentales dentro de su estructura: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Tecnologías de la información y Comunicación.

Rendición de cuentas: un espacio de interacción entre el Estado y la Sociedad

Tal como se ha presentado, la rendición de cuentas es uno de los principios del gobierno abierto, mediante éste las autoridades deben dar respuesta al porqué de sus acciones y a su vez asumir la responsabilidad de éstas. Es por ello que, ante todo, se debe mencionar el papel central del Estado en la consolidación social y política de un país, que cuenta con un brazo fundamental en sus labores: la Administración Pública que implementa las funciones ejecutivas del mismo.

La interacción entre el Estado, la Administración Pública y la rendición de cuentas se puede hallar en una de las caracterizaciones que se hace del Estado moderno, donde se aspira a que éste sea una entidad política que represente a la sociedad. Esta representación también ha encontrado fundamento en los postulados de la democracia representativa, que busca una dimensión de representatividad en la relación entre Estado y sociedad, y en tanto la función pública surge como una respuesta a las necesidades sociales y como un medio para lograr el bien común y proteger el interés público. Opera como un mecanismo para conseguir la integración de los individuos y grupos que forman la sociedad, y como un instrumento para establecer el orden y el control en la sociedad. Estas condiciones identifican la importancia que tiene desde los puntos de vista social y moral, para un país y para cada comunidad.

Gobierno abierto: la ruta que se debe transitar

Sin duda alguna, la AGA se basa en el paradigma del gobierno abierto, pero ¿de qué se trata? El “gobierno abierto puede significar cosas diferentes para los distintos actores implicados y los distintos responsables de políticas públicas, y lo que implica está influenciado por factores políticos, sociales y culturales”. ¹

De ahí la necesidad de dar una definición que delimite las posibles interpretaciones del concepto. Por ello lo entenderemos como un renovado paradigma de reforma del Estado y modernización de la administración pública a partir de una nueva forma de articular las iniciativas de transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público . ²

Ramírez indica que es un nuevo paradigma que permea al Estado y se enmarca bajo el proceso de modernización de la administración pública, en donde mediante la innovación se ha permitido generar una instancia de articulación de iniciativas que se “aplicaban” como elementos aislados; se podría considerar que “[e]l gobierno abierto es el modelo de reingeniería de la vida pública y democrática más trascendente de la actual sociedad red” . ³

Importante avance si se consideran los impactos que éste pudiese tener para la gestión pública y para los ciudadanos, sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué cambios se pueden generar en la estructura actual de un gobierno para aplicar este nuevo paradigma? ¿Es viable poder llevarlo a cabo sin la disposición de funcionarios públicos y personeros del gobierno? Oszlak ofrece estas respuestas:

Estamos hablando de instaurar nuevas reglas de juego sobre la manera en que los gobiernos se relacionan con los ciudadanos […] debemos admitir que para que los funcionarios políticos y los administradores permanentes se muestren dispuestos a funcionar bajo estas nuevas reglas, hace falta una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel gubernamental para imponerlas. Un grado de determinación que rompa con estructuras y mecanismos decisorios ancestrales, que, por muy distintas razones, pocos estarían dispuestos a modificar. ⁴

Tal como se manifiesta, existe la posibilidad de que en materia de voluntad política no se reúnan las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este nuevo modelo, lo que da a entender que, si bien éste pretende obtener mejores resultados para las instituciones del Estado, existe una debilidad en el sistema que está sujeto directamente a la disposición que las autoridades tengan. No obstante, hoy muchos países se han sumado a las iniciativas de gobierno abierto pero de distintas maneras y diferentes niveles, ello como resultado de la falta de voluntad política.

La importancia de contar con un modelo de gobierno abierto

Con anterioridad se aborda cuáles elementos son considerados para el modelo de gobierno abierto, a su vez se mencionó que éstos deben contemplarse como un conjunto y no como aislados debido a la particularidad de éste, la pregunta acá es: ¿cuál es la contribución que hace el modelo?

Como nuevo paradigma de gestión pública, el gobierno abierto incluye cuatro principios fundamentales: transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación. La promoción de estos principios contribuye a fortalecer los sistemas democráticos, a incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, a potenciar el compromiso cívico y a mejorar la calidad y efectividad de los gobiernos y sus administraciones públicas bajo principios de equidad e integridad. ⁵

Por consiguiente, el modelo también contempla un elemento de innovación para la gestión pública, ya que en ésta se utilizan las tecnologías para establecer un vínculo entre la institucionalidad y los ciudadanos, para que se logren espacios de “comunicación, participación y colaboración en la toma de decisiones, en virtud de crear valor público y fortalecer la democracia” ⁶. Es decir, la incorporación de las TIC a la gestión pública ha permitido mejorar las condiciones en el proceso de interacción con los ciudadanos, donde se busca una comunicación más fluida que genere una mayor eficiencia en el sistema, de manera que se fortalezca la relación ciudadanía-Estado.

Se ha mencionado que dentro de los pilares del modelo propuesto por AGA, juega un rol preponderante la transparencia: hoy en día, la demanda de los ciudadanos de tener acceso a la información pública ha ido en un considerable aumento, esto con el propósito de poder influir en las diferentes instancias donde puedan manifestar sus posturas. Los gobiernos han mejorado sus prácticas en materias de transparencia, a raíz de ello se han dictado normas jurídicas que aseguren el derecho que tienen las personas a acceder a la información y de esa manera conocer todos aquellos documentos que obran en las manos de las instituciones del Estado.

Transparencia: pilar fundamental del modelo.

Para ello es pertinente definir el concepto de transparencia, al respecto se puede decir que “algo es transparente cuando a través de él pueden verse los objetos claramente. En este caso, lo que se persigue es que la Administración del Estado permita a la ciudadanía conocer por qué y cómo actúa, y qué decisiones adopta” ⁷.

Sin embargo, hay autores que manifiestan que la transparencia es el mecanismo que permite dar cumplimiento a un derecho ciudadano, a éste se le denomina derecho de acceso a la información, que puede ser entendido como un compendio de normas que exige a los sujetos obligados (instituciones) la entrega de información que sea de interés público.

Se ha manifestado que la transparencia permite el derecho a la información por parte de los ciudadanos, en teoría es parte del modelo democrático y de la relación entre gobernados y gobernantes, esta idea se relaciona con “la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u organización puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información” ⁸.

La necesidad de transparencia también afecta a las administraciones públicas en términos del origen de los fondos, contratación pública, costos e inversiones realizadas, etc. Los aspectos que conforman la política de transparencia de la administración pública son:

● Información económica.

● Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.

● Transparencia en las contrataciones de servicios y de personal.

● Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. ⁹

Si bien existe la instancia en donde se asegure el derecho de acceso a la información que se encuentra en poder de la institucionalidad pública, por ejemplo, mediante mecanismos legales, éste se verá condicionado por la apreciación que le entregue el elector, ya que de lo contrario este mecanismo quedaría sin efecto, así, “la existencia y utilidad de este derecho depende del interés de la ciudadanía para convertir esa información en un instrumento democrático” ¹⁰.

Aunque existe la posibilidad de que el ciudadano utilice las leyes, ello depende exclusivamente de él. Sin embargo, el solo hecho de implementarlas trae consigo una serie de efectos positivos, tales como un aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, percepción de menor corrupción y el reforzamiento de mecanismos que permitan a las personas vincularse activamente en la toma de decisiones.

Uno de los desafíos más importantes es llevar a cabo reformas estructurales que fortalezcan la gestión pública y agilicen los procesos; se necesita un acceso cuidadoso a la información del gobierno para incentivar a la ciudadanía y restaurar la credibilidad de las personas en instituciones y gobiernos.

En términos generales, la transparencia se refiere al acceso que tienen los ciudadanos a la información interna, el alcance, la precisión y la puntualidad de dicha información, y lo que pueden hacer los ciudadanos (como "personas de fuera") si las "personas de dentro" no son lo suficientemente diligentes cuando se trata de ofrecer este acceso. Ya que un secretismo excesivo puede debilitar la calidad de la toma pública de decisiones e impedir que los ciudadanos controlen los abusos del poder público. Sin duda de darse esta situación, podría provocarse un efecto destructivo en prácticamente todos los aspectos de la sociedad y la gobernanza.

A la luz de lo antes expuesto, todo ello converge en un punto común: la rendición de cuentas, pero ¿qué es la rendición de cuentas?, debido a que el termino proviene del inglés, su traducción suele ser ambigua y difícil de limitar, lo cierto es que el concepto original, accontability, implica la relación con aquel Estado en donde la autoridad está sujeta a ser consultada por las decisiones que tome en el ejercicio del poder, debiendo informarlas y a su vez justificarlas de manera clara y oportuna.

Para Hermosa, Alcaraz, & Urquia “[l]a rendición de cuentas es entendida como la obligación periódica e institucionalizada que tienen los funcionarios públicos de informar sobre las decisiones adoptadas, los motivos de dichas decisiones, los costos generados y los resultados obtenidos” ¹¹.

Para Schedler “[i]nvolucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder” ¹². En ese tenor, un elemento trascendental en la rendición de cuentas es la información, debido a que es necesaria para conocer por qué y cómo se toman las decisiones, no obstante, ésta debe ser proporcionada sin restricciones de tal manera que el mandante pueda recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles y así logre emitir un juicio respecto a la situación en la que desea indagar.

Una vez definido el concepto de la rendición de cuentas, cabe preguntarse: ¿qué impacto genera en la vida democrática? “Esta, es fundamental porque permite el fortalecimiento de las instituciones democráticas y por ende contribuye en el acercamiento del Estado-sociedad” ¹³.

Un elemento que nos permitirá comprender de mejor manera el impacto de la rendición de cuentas en la vida democrática es la clasificación del concepto: tal como arguye O’Donnell existen tres tipos de rendición de cuentas a los cuales se somete quien ejerce el poder político: 1) rendición de cuentas vertical: mediante elecciones regulares y justas; 2) horizontal: a través de ciertas instituciones estatales; 3) social: a través de diferentes grupos de la sociedad civil o incluso individuos ¹⁴. Aquellos mecanismos que tienen mayor alcance con el estudio son la rendición de cuentas de tipo vertical y social, en esta línea Subirats señala que: “Ser responsable ante los ciudadanos, no sólo implica estar dispuesto a ser periódicamente juzgado por los actos realizados en la función representativa ejercida (elecciones), sino mantener una relación constante entre el elegido y los electores, dando cuenta de lo que se hace o se quiere hacer y oyendo lo que se dice al respecto” ¹⁵.

En la misma línea, Hermosa, Alcaraz, & Urquia argumentan: “Es necesario hacer énfasis, que la rendición de cuentas no puede reducirse solamente a la elaboración de informes, sino que es algo más que un proceso que implica considerar aspectos importantes de los usuarios de la información (a quien rinde, quien lo hace y como lo hace), se podría entender como una oportunidad de aprendizaje para la entidad y la mejora de sus acciones” ¹⁶.

Como se ha hecho referencia, la rendición de cuentas implica más que el hecho de llevar a cabo la elaboración de informes que permitan justificar las decisiones: establece un vínculo entre la autoridad y el ciudadano, de tal manera que exista un proceso de retroalimentación que genere insumos para conocer cuál es la opinión que tiene la comunidad ante determinados actos, ello lo entendemos como la rendición de cuentas de tipo social, sin embargo, este proceso también abarca la rendición de cuentas de tipo vertical que puede entenderse como aquel proceso en donde aquellos ciudadanos que exigen la rendición de cuentas no se limitan únicamente a aquella función, sino que también ejercen un “castigo” a aquellas autoridades que no cumplen con sus expectativas en esta materia. Ello podría manifestarse mediante la sanción a una autoridad que comete actos que atenten contra la probidad y por lo tanto la ciudadanía aplica un voto de castigo en el proceso eleccionario, teniendo como resultado la no elección del personaje en cuestión.

Una vez analizados los elementos que componen el esquema del gobierno abierto, se puede afirmar que el desafío básico de toda democracia es garantizar que la sociedad tenga una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, a través de una responsabilidad clara y continua, y que, para lograr esto, además del sentido de responsabilidad de los gobernantes, se necesitan mecanismos para garantizar un monitoreo adecuado de las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno, ahí radica la importancia en la implementación de este nuevo paradigma dentro de la administración del Estado.

Acerca del autor

Francisco Santibáñez Soto. Administrador Público, Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, Chile, Magíster © en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Bernardo O´Higgins, Chile.