Personas y pueblos indígenas en zonas urbanas. Balance y prospectiva

En términos de política, el análisis basado en los actores permite conocer a mayor profunidad el porqué de determinados episodios políticos en los regímenes democráticos. Es decir, tal y como lo apunta Mainwaring y Pérez-Liñán, son los actores políticos quienes obtienen, para sí, los recursos políticos que provocan el avance, la caída o el estancamiento de las democracias. Bajo tal supuesto, pretendo establecer un balance del papel político de las personas indígenas en contextos urbanos.

Para ser más precisos, de las experiencias en países latinoamericanos donde la creación de partidos políticos étnicos fue el paso lógico de los movimientos sociales indígenas se pueden rescatar algunos apuntes importantes: 1) el hecho de la existencia de población indígena no supone la aparición de movimientos sociales o partidos étnicos; 2) en el caso de que existan movimientos sociales indígenas y/o partidos étnicos no quiere decir que estos tengan relevancia política; el entorno político y social deberá 3) reconocer la diferencia en términos constitucionales; y un 4) sistema político descentralizado con 5) reglas del juego electoral permeables con 6) actores políticos clásicos y/o convencionales en crisis.

¿Qué sucede en México? Resulta conveniente ser claros desde el inicio: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el juego político que tuvo el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), las múltiples organizaciones de carácter étnico a lo largo y ancho del país, así como la postulación de la primera candidata indígena en México, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) por parte del Consejo Nacional Indígena (CNI), si bien es cierto han sido productos de luchas y representan avances significativos, su relevancia en términos políticos aún no ha permeado en el país.

Si por relevancia política entendemos la capacidad que tienen las organizaciones políticas de “condicionar la política del país porque forman parte de una coalición gubernamental o debido a que puede condicionar –en términos de Sartori– o chantajear las decisiones del gobierno desde la oposición” (p. 677), en México es claro que esto no ha sucedido. Además, si bien es cierto que para el proceso electoral de 2021 a nivel nacional se determinaron los 21 Distritos Electorales Federales, de los 28 Distritos con 40% o más con población indígena, donde los partidos políticos y coaliciones deberán postular candidaturas de personas indígenas, ello no ha significado ni un cambio en las condiciones de vida de las personas indígenas, pues el 76.8% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, ni la modificación ha permeado hacia las zonas que mayor crecimiento han tenido debido al aumento de la migración. Estas son las zonas urbanas por excelencia en México: Guadalajara y Monterrey.

¿Cuáles son las características políticas de las personas y pueblos indígenas en zonas urbanas? Para responder a semejante y compleja pregunta es necesario más espacio y, seguramente, mayor discusión, se puede entrever lo siguiente:

• Las universidades juegan un papel importante en el ejercicio de derechos de las personas indígenas en contextos urbanos;

• La independencia económica de las mujeres indígenas suponen una camino viable para su emancipación política;

• Los falsos liderazgos y la cooptación por los partidos políticos tradicionales sigue siendo una constante; y

• El débil trabajo colaborativo y la falta de sinergia institucional por parte de las organizaciones de la sociedad civil indígena y pro-indígena supone un obstáculo para el posicionamiento de una agenda política indígena.

Debido a lo anterior, ¿hacia dónde habrán de dirigirse los esfuerzos tanto académicos y de las propias personas y comunidades indígenas en contextos urbanos?, si el balance no es satisfactorio, ¿qué escenario, qué prospectiva podríamos inferir?

En trabajos anteriores establecí que en zonas urbanas: 1) la relación entre partidos políticos tradicionales y personas indígenas es débil, 2) la desconfianza política que se tiene hacia los partidos debido a manipulaciones del paso resulta determinante; y 3) existe un gran desconocimiento por parte de los partidos tradicionales de la situación de las personas indígenas y sus derechos. Por lo tanto, ya entrado el Siglo XXI, donde el abanico de derechos se ha ampliado, cabe poner sobre la mesa lo siguiente: el surgimiento de partidos políticos de carácter étnico es un fenómeno que se torna asequible en México.